La Fiscalía General del Estado de Morelos ha destinado 10 millones de pesos para la creación formal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, un organismo que deberá quedar instalado durante 2026. La medida responde a compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos y a la necesidad de investigar de manera especializada este tipo de delitos que han sido documentados en la entidad.
Según información de la Fiscalía General del Estado, ya existen carpetas de investigación relacionadas con este delito específico, lo que evidencia la necesidad de contar con personal capacitado y protocolos especializados para su atención. La tortura representa una violación grave a los derechos humanos que requiere investigación exhaustiva y profesional para garantizar acceso a la justicia a las víctimas.
México es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, así como de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Estos instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a tipificar la tortura como delito, investigar todos los casos reportados y garantizar que los responsables enfrenten consecuencias penales.
A nivel nacional, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece la obligación de las fiscalías estatales de contar con unidades especializadas para la investigación de estos delitos. Morelos ha tenido retrasos en el cumplimiento de esta disposición, situación que se busca corregir con la instalación de esta fiscalía especializada.
La investigación de delitos de tortura requiere conocimientos especializados que difieren significativamente de la investigación criminal ordinaria. Los fiscales y peritos deben estar capacitados en el Protocolo de Estambul, un manual internacional que establece los estándares para la documentación e investigación efectiva de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El presupuesto asignado contempla no solamente la infraestructura física de la nueva fiscalía, sino también programas de capacitación para el personal que integrará esta unidad especializada. Esto incluye formación en técnicas de entrevista a víctimas de tortura, documentación médica y psicológica de secuelas, y metodologías de investigación que permitan identificar patrones y cadenas de responsabilidad.
La efectividad de la nueva fiscalía dependerá de múltiples factores más allá del presupuesto asignado. La independencia de la unidad frente a presiones políticas o institucionales será crucial para garantizar investigaciones imparciales, especialmente cuando los presuntos responsables sean servidores públicos o elementos de corporaciones de seguridad.
La colaboración con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil será fundamental para generar confianza en las víctimas y sus familias, quienes frecuentemente desconfían de las instituciones de procuración de justicia. La fiscalía deberá establecer mecanismos de protección efectiva para víctimas, testigos y sus familias, quienes pueden enfrentar represalias por denunciar estos delitos.
Organizaciones de derechos humanos en Morelos han expresado que vigilarán el proceso de instalación de la fiscalía especializada para asegurar que no se trate solamente de un cumplimiento formal sin efectividad real. La medición del éxito de esta unidad no será únicamente el número de carpetas de investigación abiertas, sino la calidad de las investigaciones, el porcentaje de casos que lleguen a juicio y las sentencias condenatorias obtenidas.
La transparencia en el uso de los 10 millones de pesos asignados también será objeto de escrutinio público. Se espera que la Fiscalía General del Estado publique información detallada sobre la composición del equipo, los protocolos adoptados, los programas de capacitación implementados y los indicadores que utilizará para medir su desempeño.
La creación de esta fiscalía especializada representa un paso necesario en el fortalecimiento del sistema de justicia en Morelos. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá de la voluntad política para dotarla de autonomía real, recursos suficientes de manera sostenida y respaldo institucional para investigar sin restricciones todos los casos de tortura, independientemente de quién resulte señalado como responsable.